El gobierno surgido de la revolución del 6 de septiembre de 1930 fue encabezada por el jefe de ese movimiento, Gral. José Félix Uriburu(1930-1932). Este contó con el apoyo de la mayor parte de las fuerzas armadas y de diversos sectores civiles, en su mayoría de tendencias conservadoras.
Uriburu quería instalar un régimen fascista de corporativismo modificando las instituciones tradicionales, pero no contaba con el apoyo de las masas populares.
Entre los dirigentes de la revolución se manifestaban diversas tendencias:
Un sector buscó el reemplazo de Irigoyen dentro de las estructuras políticas tradicionales.
Otros buscaban implantar un gobierno autoritario.
En 1931 el gobierno convocó a elecciones, los primeros comicios se hicieron en Buenos Aires, pero ante la victoria de la UCR las autoridades anularon la elección . Así fue como se intentaron varias revoluciones por parte de los radicales que fueron dejadas sin efecto.
Durante esos años se sintió en el país la crisis económica mundial.
En 1931 la UCR presenta a Marcelo T. de Alvear como candidato a presidente, pero el gobierno vetó la fórmula y la UCR decide la abstención electoral hasta 1935. por otra parte la Concordancia, integrada por conservadores, radicales antipersonalistas y por el partido socialista independiente, postuló la candidatura de Agustín Justo y de Julio Argentino Roca, éstos contaban con el apoyo del gobierno.
En 1932 asume Justo quien tuvo que enfrentarse a la crisis económica en la cual los precios de los productos agrícolas habían caído bruscamente, las medidas que tomó fueron:
Creación del Banco Central: que regulaba el crédito interno
Creación de la Junta Nacional de Granos: que controlaba la comercialización de cereales
Impuestos a los réditos.
Se construyeron bastas redes de carreteras por la Dirección de Viabilidad Nacional.
En 1933 Gran Bretaña amenazó las exportaciones ganaderas argentinas, ante esto, ambos países firmaron el tratado Roca-Runciman en el cual se fijaba la cantidad de carnes que G. Bretaña compraría a la Argentina y los precios. El tratado también prevenía un “tratamiento benévolo” para las empresas británicas.
Esto se reflejó cuando se creó la Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires, medida que hizo que estos medios se encuentran bajo el predominio inglés. El acuerdo también estableció una economía nacional dependiente de los intereses británicos. Este tratado provocó enfrentamientos políticos como el de de la Torre.
Hacia 1935 la situación económica tendió a mejorar.
En 1935 el radicalismo abandonó la abstinencia electoral, éste contaba con un amplio respaldo popular y se intentaron “fraudes patrióticos” para que éstos no ganen la candidatura. En 1937 triunfó el oficialismo y Roberto M. Ortiz asumió como presidente en 1938 ! debido a una enfermedad delegó varias funciones a su vicepresidente, Castillo.
El 4 de junio de 1943 surgieron diferencias entre el gobierno y los sectores de las fuerzas armadas, sobre la posición en la Segunda Guerra Mundial, que culminó en otro golpe de estado, antes de definirse el programa del golpe ni la figura que lo encabezaría. El gobierno militar asumió en 1943 de la mano de Ramírez (2 días) y luego de Farell.
EL GOBIERNO DE PERÓN 1943-1955La revolución del 4 de junio de 1943 fue iniciada y encabezada por el Gral. Rawson, quién renunció antes de prestar juramento, y fue reemplazado por el Gral. Pedro Pablo Ramírez. El gobierno se constituyó casi exclusivamente con militares, y el centro de las discusiones y las decisiones estuvo en el Ministerio de Guerra, controlado por un grupo de oficiales organizado en una logia, el GOU (Grupo de Oficiales Unidos), en torno del Ministro de Guerra Farrell.
Los militares proscribieron a los comunistas, persiguieron a los sindicatos e intervinieron en la CGT, en los partidos políticos y en las universidades, también impusieron la obligarietoridad de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas y disolvieron Acción Argentina, que nucleaba a los partidarios de romper relaciones con el Eje. Contaron con la colaboración de un elenco de nacionalistas y católicos integristas.
Con respecto a la posición frente a la Guerra, había, junto con algunos simpatizantes con Alemania, otros proaliados y muchos partidarios de mantener la neutralidad que había practicado el gobierno de Castillo. En 1943 la guerra estaba evolucionando de un modo tal que un alineamiento con el Eje era impensable. El acuerdo comercial con Gran Bretaña se mantuvo, en cambio, EE.UU. atacó con fuerza creciente a Argentina que además era sospechoso de apañar a los nazis. EE.UU. realizó una cruzada contra los militares ignorando los gestos de acercamiento del gobierno argentino. El conflicto se desenvolvió en una escalada creciente para EE.UU., para éste era una cuestión de prestigio y un imperativo moral acabar con los militares, y para éstos era una cuestión de principios no aceptar el diktat del Departamento de Estado. A principios de 1944, Ramírez decide romper relaciones con el Eje, y fue desplazado por los oficiales más decididamente norteamericanos. Aislado en lo interno y también en lo externo, el gobierno se encuentra en un callejón sin salida. La solución se encontró en uno de los oficiales que por entonces había ascendido notablemente dentro del gobierno: el Coronel Juan Domingo Perón era uno de los miembros más influyente del GOU, secretario del ministro de Guerra Farrell y luego ministro, cuando Farrell reemplazó a Ramírez en la presidencia en febrero de 1944.en julio de ese mismo año Perón llegó a ser vicepresidente y el alma verdadera del gobierno.
Perón sobresalía entre sus colegas por su capacidad profesional y por la amplitud de sus miras políticas. Clarividencia y preocupación lo llevaron a ocuparse de un actor social poco tenido en cuenta: el movimiento obrero. A cargo de la Dirección Nacional del Trabajo se dedicó a vincularse con los dirigentes sindicales, quienes fueron impulsados a organizarse y a presentar sus demandas, que empezaron a ser satisfechas: se extendió el régimen de jubilaciones, de vacaciones pagas, de accidentes de trabajo, se ajustaron las categorías ocupacionales y se equilibraron las relaciones entre obreros y patrones. La sanción del Estatuto del Peón extendió estos criterios al mundo rural introduciendo un elemento público.
Desde la Secretaría de Trabajo, Perón expandía los mecanismos del Estado árbitro. La reacción de los dirigentes sindicales fue inicialmente de duda y desconcierto. Pero más recientemente habían hecho un acuerdo con los partidos políticos opositores, en el que los reclamos sindicales se fundían con la demanda democrática, según las líneas de los frentes populares. En 1942 la CGT se dividió entre un sector más afín a los partidos opositores, encabezado por los comunistas y muchos de los dirigentes socialistas, y otro más identificado con la vieja línea sindicalista. La propuesta de Perón agudizó la discusión: el frente Popular perdía atractivo, pero a la vez la polarización de la guerra lo revitalizaba; las mejoras ofrecidas eran demasiado importantes como para rechazarlas o enfrentar al gobierno. Los sindicalistas aceptaron el envite del gobierno, sin cerrar las puertas a la “oposición democrática”.
Tampoco las cerraba el propio Perón. A los militares les señalaba la importancia de asegurar la autarquía económica por medio de un Estado fuerte que interviniera en la sociedad y en la economía (por los peligros de desordenes sociales de posguerra). Desde el Consejo Nacional de Posguerra insistió en profundizar las políticas de seguridad social, así como de asegurar la plena ocupación y la protección del trabajo (ante una eventual crisis que pudieran sufrir las industrias crecidas con la guerra). Alos empresarios les señaló la amenaza que entrañaban las masas obreras desorganizadas y el peligro del comunismo. Ante unos y otros se presentaba como quien podía canalizar esa efervescencia, si lograba para ello el poder necesario. Perón acentuaba su identificación con los obreros, subrayaba su prédica anticapitalista y desarrollaba ampliamente en su discurso los motivos de la justicia social. A la vez, se fueron reduciendo las resistencias de los dirigentes sindicales, quienes encontraban en los partidos democráticos un eco y un interés mucho menor que el demostrado por el coronel Perón.
La oposición democrática empezó a reconstruirse a medida que el avizorado fin de la guerra hacía más difícil la intransigencia del gobierno. La liberación de París (agosto 1944) dio pie a una manifestación antigubernamental y desde entonces un vigoroso movimiento social ganó la calle y revitalizó los partidos políticos.
El gobierno aceptó el reclamo de EE.UU. ante la inminencia del conflicto (en marzo de 1945) y declaró la guerra al Eje, condición para ser admitidos en Naciones Unidas, que empezaba a construirse. Al mismo tiempo, y por iguales razones, liberalizó su política interna. Los partidos opositores reclamaron la retirada lisa y llana de los gobernantes y la entrega del poder a la Corte Suprema y sellaron su acuerdo para las elecciones que veían próximas: la Unión Democrática expresaría el repudio de la civilidad a los militares y la total adhesión a los principios de los vencedores en la guerra. El frente político, que incluía a comunistas, socialistas y demoprogresistas, y contaba con el apoyo de los grupos conservadores, estaba animado por los radicales, aunque un importantes sector del partido rechazó la estrategia “unionista” y reclamó una postura intransigente y “nacionalista”, que apostaba a algunos interlocutores en el Ejército adversos a Perón. Esa posición no prosperó, y la Unión Democrática fue definiendo su frente y sus alianzas.
El Ejército forzó la renuncia de Perón el 8 de octubre, pero no encontró una alternativa. En medio de esas vacilaciones un hecho novedoso volvió a cambiar el equilibrio: una multitud se concentró el 17 de octubre en la Plaza de Mayo reclamando por la libertad de Perón y su restitución a los cargos que tenía. Los partidarios de Perón en el Ejército volvieron a imponerse, el coronel habló a la multitud en la Plaza y volvió al centro del poder, ahora como candidato oficial a la presidencia.
Lo decisivo de la jornada de octubre no residió tanto en el número de congregados, sino en su composición definidamente obrera. Su emergencia coronaba un proceso hasta entonces callado, de crecimiento, organización y politización de la clase obrera. La industrialización había avanzado durante la guerra tanto para la exportación a los países vecinos como para la sustitución de las importaciones, escasa por las dificultades del comercio y también por el boicot norteamericano. La masa de trabajadores había aumentado con los migrantes rurales expulsados por la crisis agrícola. Éstos, todavía, no habían despejado todas sus dudas sobre Perón, marcharon el 17 de octubre a la Plaza de Mayo, el centro simbólico del poder, materializando un reclamo que en primer lugar era político pero que tenía profundas consecuencias sociales. Inauguraron una nueva forma de participación, a través de la movilización, definieron una identidad y ganaron su ciudadanía política, sellando al mismo tiempo un acuerdo con Perón que ya no se rompería.
Con las elecciones a la vista, Perón y quienes lo apoyaban se dedicaron a organizar su fuerza electoral. Los dirigentes sindicales decidieron crear un partido político propio, el Laborista. Su organización aseguraba el predominio de los dirigentes sindicales, y su programa recogía diversos motivos, desde los más estrictamente sindicalistas hasta los vinculados con el dirigismo económico y el estado de bienestar. En el nuevo partido, Perón era el primer afiliado y el candidato a presidente. Éste, para buscar bases de sustentación alternativas, o para recoger apoyos más amplios fuera del mundo del trabajo, promovió una escisión en el radicalismo, la UCR-Junta Renovadora, de la cual eligió a Jazmín Hortensio Quijano (correntino) para acompañarlo en la fórmula. Las relaciones entre laboristas y radicales renovadores fueron malas. Apoyaron también a Perón muchos dirigentes conservadores de segunda línea, y sobre todo los respaldaron al Ejército y la Iglesia, que en un pastoral recomendó votar por el candidato del gobierno que había perseguido al comunismo y establecido la enseñanza religiosa.
La Unión Democrática incluyó a los partidos de izquierda pero excluyó a los conservadores, que debieron resignarse a apoyarla desde afuera o pasarse calladamente al bando de Perón movidos por la vieja rivalidad con el radicalismo. Sus candidatos (Tamborín-Mosca) provenían del riñón de la conducción alvearista del radicalismo. Su programa era socialmente progresista pero su impacto quedó diluido por el entusiasta apoyo recibido de las organizaciones patronales. Los esencial pasaba por la defensa de la democracia y la derrota del totalitarismo. Así se había pensado la política en los últimos diez años, con a segura convicción de que, en elecciones libres, los adalides de la democracia ganarían.
Pero el país había cambiado. Perón asumió plenamente el discurso de la justicia social, de la reforma justa y posible, a la que sólo se oponía el egoísmo de unos pocos privilegiados. V contrapuso la democracia formal de sus adversarios a la democracia real de la justicia social, y dividió la sociedad entre el “pueblo” y la “oligarquía”. Un segundo componente de estos cambios fueron las actitudes nacionalistas.
El 24 de febrero triunfó Perón. En las grandes ciudades, fue evidente el enfrentamiento entre los grandes agrupamientos de trabajadores y los de clases medias y altas, pero en el resto del país las divisiones tuvieron un significado más tradicional, vinculado al peso de ciertos caudillos, al apoyo de la Iglesia o a la decisión de los sectores conservadores de respaldar a Perón.
MERCADO INTERNO Y PLENO EMPLEOEl nuevo gobierno mantuvo la retórica antinorteamericana distanciada tanto del comunismo como del capitalismo. En 1946 el Congreso aprobó las Actas de Chapultepec, que permitía el reingreso a la comunidad internacional, y al año siguiente el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, firmado en Río. Pero la hostilidad norteamericana no disminuyó, y los Estados Unidos siguió dispuesto a hacer pagar a la Argentina por su independencia durante la guerra. El boicot fue sistemático. El bloqueo a armamentos e insumos vitales no pudo mantenerse en la posguerra. Las exportaciones industriales a los países limítrofes, que habían crecido mucho durante la guerra, empezaron a retroceder ante la competencia norteamericana. Las exportaciones agrícolas a Europa fueron obstaculizadas. En 1948 se lanzó el Plan Marschall, pero EE.UU. prohibió que los dólares aportados a Europa se usaran pasa importaciones de la Argentina. Desde 1949 EE.UU. inundó el mercado con cereales subsidiados y la participación argentina disminuyó drásticamente.
Gran Bretaña no aceptó las presiones norteamericanas. Además de la carne, estaban en juego las libras argentinas bloqueadas en Londres durante la guerra y las inversiones británicas radicadas en el país. Luego de una larga y compleja negociación, se arregló la compra de los ferrocarriles por un valor similar a las libras bloqueadas, y un acuerdo sobre venta de carne, que sería en lo sucesivo pagada en libras convertibles. Tras la retórica nacionalista que envolvió esta operación se trataba sin duda de un éxito británico, frente a un país que no tenía mejor opción.
Vender cereales fue cada vez más difícil, y vender carne cada vez menos interesante. Las consecuencia fue una reducción de la producción agropecuaria que se acompañó de un crecimiento sustantivo de la parte destinada al consumo interno. El lugar en el mundo que tradicionalmente tenía la Argentina como productor privilegiado de bienes agropecuarios, fue haciéndose menos significativo.
La guerra mundial, la crisis de los mercados y el aislamiento, acentuado por el boicot estadounidense, habían contribuido a profundizar el proceso de sustitución de las importaciones iniciado en la década anterior. En algunos casos se exportó a países vecinos que también padecían la falta de los suministros habituales, a adaptaron los modelos y los procedimientos y se usó intensivamente la mano de obra, lo que sumado a las dificultades para incorporar maquinarias hizo que los aumentos de producción implicaran caídas en la productividad laboral. Creció así, junto a las empresas industriales tradicionales una amplia capa de establecimientos medianos y pequeños, y aumentó en forma notable la mano de obra industrial, que se nutría de la corriente de migrantes internos, cada vez más interna.
Alternativas para solucionar la situación económica:Estimular las industrias “naturales”, capaces de producir eficientemente y de competir en los mercados externos, asociarse con EE.UU. para sustentar su crecimiento, y a la vez mantener un equilibrio entre el sector industrial y el agropecuario (planteado por Pinedo en 1940, no se acepta).
Profundizar la sustitución, extenderla a la producción de insumos básicos, como el acero o el petróleo, mediante la decidida intervención del estado, y asegurar así la autarquía (planteada por grupos militares durante la guerra, no se acepta).
La decisión que se tuvo en cuenta respondía a los intereses inmediatos de los trabajadores, propuesta por Perón en 1944, fue el Primer Plan Quinquenal, que debía servir para planificar la economía, se limitó a una serie de enunciados y a la construcción de la empresa siderúrgica estatal SOMISA.
La política del Estado apuntó a la defensa del sector industrial instalado, y a su expansión dentro de las pautas vigentes de producción y facilidad. Éste recibió amplios créditos del Banco Industrial, protección aduanera para eliminar competidores externos y divisas adquiridas a tipos preferenciales para equiparse. Las políticas de redistribución de ingresos hacia los sectores trabajadores contribuían a la expansión sostenida del consumo.
Perón había optado por el mercado interno y por la defensa del pleno empleo, llamado la “cadena de felicidad” que puedo financiarse por la existencia de una abundante reserva de divisas y que permitió un equipamiento industrial. En esos años se gastó en el exterior mucho más de lo que entraba. El IAPI monopolizó el comercio exterior y transfirió al sector industrial y urbano ingresos provenientes del campo. Era un golpe fuerte al sector agropecuario, que también padecía por la falta de insumos y maquinarias, el congelamiento de los arrendamientos, que afectó el ciclo natural de recuperación de la fertilidad de la tierra, y el costo más alto de la mano de obra, debido a la vigencia del Estatuto del peón. Todas las razones agudizaron la caída de la superficie cultivada, al tiempo que el aumento del consumo interno reducía aún más las disponibilidades para la exportación.
La política peronista se caracterizó por un fuerte impulso a la participación del Estado en la dirección y regulación de la economía; desarrolló tendencias iniciadas en la década anterior; bajo las administraciones conservadoras, pero las extendió y profundizó, según una corriente de inspiración keynesiana. A la vez, hubo una generalizada nacionalización de las inversiones extranjeras, particularmente británicas que se hallaban en pleno proceso de repartición (independencia económica). A los ferrocarriles se sumaron los teléfonos, la empresa de gas y algunas compañías de gas del interior. Se dio fuerte impulso a Gas del Estado, construyendo el gasoducto desde Comodoro Rivadavia a la Flota Mercante y a la incipiente Aerolíneas Argentinas. El Estado avanzó incluso en actividades industriales, no sólo por las vías de las fábricas militares sino como un grupo de empresas alemanas nacionalizadas. Pero la reforma más importante fue la nacionalización del Banco Central. Desde él se manejaba la política monetaria y la crediticia, y también el comercio exterior, pues los depósitos de todos los bancos fueron nacionalizados, y al Banco Central se le asignó el control de IAPI.
La nacionalización de la economía y su control por el estado fueron una de las claves de la política económica nueva. La otra tuvo que ver con los trabajadores, con el mantenimiento del empleo y con la elevación de su nivel de vida. Las justicia social sirvió para sostener el mercado interno. Por la vía de las negociaciones colectiva, garantizadas por la ley, los salarios empezaron a subir notablemente. A ello le agregaron las vacaciones pagas, las licencias por enfermedad o los sistemas sociales de medicina y de turismo. El Estado benefactor contribuyó decisivamente a la elevación del nivel de vida: congelamiento de los alquileres, establecimiento de salarios mínimos y de precios máximos, mejora de la salud pública, planes de vivienda, construcción de escuelas y colegios, organización del sistema jubilatorio, y en general todo lo relativo al campo de la seguridad social.
EL ESTADO PERONISTAJustificándose en la innumerable cantidad de conflictos entre laboristas y radicales renovadores, Perón ordenó la disolución de los distintos nucleamientos que lo habían apoyado, y entre ellos el Partido Laborista. La decisión fue al principio resistida. En enero de 1947, Perón eliminó de la dirección de la CGT a Luis Gay, veterano gremialista e inspirador del Partido Laborista, y lo reemplazó por un dirigente de menor cuantía, indicando así la voluntad de subordinar al Estado la cúpula del movimiento obrero.
La organización obrera se consolidó firmemente. La ley de Asociaciones Profesionales aseguraba la existencia de grandes y poderosas organizaciones con fuerza para negociar de igual a igual con los representantes patronales, pero a la vez dependientes de la “personería gremial”, otorgada por el Estado. La CGT conducida por personajes mediocres, fue la responsable de transmitir las directivas del Estado a los sindicatos y de controlas a los indóciles. En los primeros años, hasta 1949, las huelgas fueron numerosas, y se generaron al impulso de las reformas lanzadas desde el gobierno, para hacerlas cumplir o extenderlas, con la convicción por parte de los trabajadores de que se ajustaban a la voluntad profunda de Perón.
Éste se preocupaba por esa agitación sin fin y procuraba profundizar el control del movimiento sindical. Los gremialistas que lo acompañaron inicialmente fueron alejándose, reemplazados por otros elegidos por el gobierno y más proclives a acatar sus indicaciones. Las huelgas fueron consideradas inconvenientes al principio, y francamente negativas luego: se procuró solucionar los conflictos mediante los mecanismos del arbitraje, y en su defecto se optó por reprimirlos. Desde 1947 Eva Perón, esposa del presidente, se dedicó desde la Secretaría de Trabajo a cumplir las funciones de mediación entre los dirigentes sindicales y el gobierno, facilitando la negociación de los conflictos con un estilo muy personal que combinaba la persuasión y la imposición.
La relación entre Perón y el sindicalismo fue sin duda compleja, negociada y difícilmente reducible a una fórmula simple. Pese a la fuerte presión del gobierno sobre los sindicatos y a la decisión de controlar su acción, éstos nunca dejaron de ser la expresión social y la política de los trabajadores. El Estado no sólo facilitaba y estimulaba su organización y los colmaba de beneficios, sino que creaba una situación de comunicación y participación fluida y hasta familiar. El Estado peronista tenía en los trabajadores su gran fuerza legitimadora, y los reconocía como tal., también, procuró extender sus apoyos a la amplia franja de sectores populares no sindicalizados, con quienes estableció una comunicación profunda a través de Eva Perón y de la Fundación que llevó su nombre. Financiada con fondos públicos y aportes privados más o menos voluntarios, la Fundación realizó una obre de notable magnitud: creó escuelas, hogares para ancianos o huérfanos y policlínicos; repartió alimentos y regalos navideños; estimuló el turismo y los deportes, a través de campeonatos infantiles o juveniles de dimensión nacional, bautizados con los nombres de la pareja gobernante. Practicó la acción directa: las unidades básicas detectaban los casos particulares de desprotección y transmitían los pedidos a la Fundación donde la propia Eva Perón recibía cotidianamente una permanente caravana de solicitantes que obtenían una máquina de coser, una cama en el hospital, una bicicleta, un empleo o una pensión. Eva Perón resultaba así una encarnación del Estado benefactor y providente, que a través de la “Dama de la Esperanza” adquiría una dimensión personal y sensible. Los medios de difusión machacaron intensamente sobre esta imagen, entre benefactora y reparadora, replicada luego por la escuela, donde los niños se introducían a la lectura con “Evita me ama”. La experiencia de la acción social directa, sumada al reiterado discurso del Estado, terminaron constituyendo una nueva identidad social, los “humildes”, que completó el arco popular de apoyo al gobierno.
El Estado debía vincularse con cada uno de los sectores de la sociedad, que era considerada como una comunidad y no como la suma de individuos, y aspiraba a que cada uno de ellos se organizara y constituyera su representación corporativa. Aspiró a organizar a los empresarios, reuniendo en la Conferencia General Económica a odas las representaciones sectoriales, así como a los estudiantes universitarios o a los profesionales. Intentó también redefinir las relaciones con las grandes corporaciones tradicionales. Con la Iglesia existió un acuerdo básico, que se traduje en el poco velado apoyo electoral de 1946. el gobierno peronista mantuvo la enseñanza religiosa en las escuelas, y concedió la conducción de las universidades a personajes vinculados con el clericalismo hispanófilo. Reservó un lugar importante en el ceremonial a los altos prelados e incorporó a su elenco político a algunos sacerdotes. Fue sin embargo una relación bastante distante: un grupo importante de eclesiásticos preocupados por el autoritarismo creciente, se alineó firmemente en el lado de los opositores; otros lamentaron la renuncia de Perón a las consignas nacionalistas, y otros muchos miraron con reservas algunos aspectos de la política democratizadora de las relaciones sociales, como por ejemplo la igualación de derechos entre hijos “naturales” y “legítimos”.
Con respecto a las Fuerzas Armadas, Perón se cuidó inicialmente tanto de inmiscuirse en su vida interna como de darles cabida institucional en el gobierno. Temas centrales del gobierno, como la independencia económica, la unidad nacional y el orden, y sobre todo la imagen de un mundo en guerra donde la neutralidad se traducía en la “tercera posición”, sirvieron para consolidar un campo de solidaridades común, alterado, sin embargo por el estilo excesivamente plebeyo que los militares veían en el gobierno, y sobre todo por la presencia, acción y palabra, difíciles de aceptar, de la esposa del presidente.
Según la concepción de Perón, el Estado debía ser el ámbito donde los distintos intereses sociales, negociaran y dirimieran sus conflictos. Se inspiraba en modelos muy difundidos por entonces, que pueden filiarse en Mussolini y rompía con la concepción liberal del Estado. Implicaba una reestructuración de las instituciones republicanas, una desvalorización de los espacios democráticos y representativos y una subordinación de los poderes constitucionales al Ejecutivo.
Un gobierno surgido de las escasas elecciones inobjetables que hubo en el país recorrió con decisión el camino del autoritarismo. En 1947 reemplazó a la Corte Suprema mediante un juicio político escasamente convincente. Utilizó ampliamente el recurso de intervenir las provincias; en Corrientes, y sin que mediara conflicto alguno, lo usó para deponer al único gobernador no peronista elegido en 1946. una ley acabó en 1947 con la autonomía universitaria, estableciendo que toda designación docente requería de un decreto del Ejecutivo. El poder Legislativo fue formalmente respetado pero se lo vació de todo contenido real: los proyectos se preparaban en oficinas de la Presidencia, y se aprobaban sin modificaciones; los opositores fueron acusados de desacato, excluidos de la cámara o desaforados, y la discusión parlamentaria fue eludida recurriendo al “cierre del debate”. En 1951, una modificación del sistema de circunscripciones electorales redujo al mínimo la representación opositora en la Cámara de Diputados. El gobierno formó una importante cadena de diarios y otra de radios, que condujo desde la Secretaría de Prensa y Difusión. Los diarios independientes fueron presionados de mil maneras: cuotas de papel, restricciones a la circulación, clausuras temporarias, atentados, y en dos casos extremos, la expropiación. La reforma de la Constitución (1949) acabó con la última y gran salvaguardia institucional al autoritarismo y estableció la posibilidad de a reelección presidencial. En noviembre de 1951, Juan Domingo Perón y J. Hortensio Quijano fueron reelectos, obteniendo en la ocasión, cuando votaron por primera vez las mujeres, alrededor de las dos terceras partes de los sufragios.
Para Perón, tan importante como afirmar la preeminencia del Ejecutivo sobre el resto de las instituciones republicanas fue dar forma al heterogéneo conjunto de fuerzas que lo apoyaban. A todo ello había que darle un disciplinamiento y organización acordes con los principios políticos más generales del peronismo y para ello, recurrir a un método muy tradicional, el uso de la autoridad del Estado para disciplinar las fuerzas propias, y uno novedoso, la utilización de su liderazgo personal e intransferible que se constituyó naturalmente pero luego fue cuidadosamente alimentado por la maquinaria propagandística. El Partido Peronista, creado en 1947, adoptó una organización totalmente vertical, se trataba de una versión local del célebre Führerprinzip alemán, el Partido se limitó a organizar las candidaturas, y Perón a arbitrar en los casos difíciles o a mencionar simplemente quiénes debían ser electos.
Finalmente, el Partido fue incluido dentro del Movimiento, junto con el Partido Peronista Femenino, que organizó Eva Perón, y la CGT.
La organización incluía un elemento revelador: en cada nivel se integraba la autoridad pública ejecutiva respectiva con lo cual quedaba claro, y puesto por escrito, que movimiento y nación eran considerados una misma cosa. Lo que inicialmente fue la doctrina peronista se convirtió en la Doctrina Nacional, consagrada en estos términos en la Constitución de 1949, que articulaba tanto al estado como a la Comunidad Organizada. El líder era quien formulaba la doctrina y la ejecutaba, de manera elástica y pragmática. Se combinaban aquí las tradiciones del ejército, donde la conducción es un capítulo fundamental del mando, y de los modernos totalitarismos que, en su versión fascista, sin duda impresionaron a Perón.
Esta retórica era ajena a la tradición política principal del país, democrática y liberal, el peronismo segó sistemáticamente los ámbitos de participación autónoma y tuvo una tendencia a penetrar y “peronizar” cualquier espacio de la sociedad civil, no es menos cierto que encarnó y concretó un vigorísimo movimiento democratizador, que aseguró los derechos políticos y sociales de vastos sectores hasta entonces al margen, culminando con el establecimiento del voto femenino y la instauración de medidas concretas para asegurar a la mujer un lugar en las instituciones.
Esta singular forma de democracia se constituía desde el Estado. Los diversos actores que conformaban su base de sustentación eran considerados como “masas” que debían ser moldeadas, inculcándole la “doctrina”. A ello se dirigía la propaganda masiva, que saturaba los medios de comunicación y también la escuela. El régimen tuvo una tendencia definida a “peronizar” todas las instituciones, y a convertirlas en instrumentos de adoctrinamiento.
Pero la forma más característica y singular de la política de masas eran las movilizaciones y concentraciones. Realizadas en días fijos y en ocasiones especiales, cuando había que celebrar algo o ratificar alguna decisión política.
Al renovar el pacto fundador entre el líder y el pueblo, las grandes concentraciones cumplían un papel fundamental en la legitimación plebiscitaria del régimen, que era considerada mucho más importante que la electoral. Al apelar desde el “balcón” a los “compañeros”, incluía tanto una definición de su lugar, más allá de las pasiones y de los conflictos, como del de quienes lo apoyaban y aceptaban su dirección y de los enemigos, calificados como la antipatria y, como tales, excluidos del sistema de convivencia, pues “ a los enemigos, ni justicia”.
La oposición terminó ocupando el lugar asignado en este sistema. Los socialistas, apartados de toda representación política, mantuvieron su caracterización de “nazifascismo”,denunciaron los avances hacia el autoritarismo y consideraron que la prioridad era acabar con el régimen; los grupos de socialistas que intentaban una postura más comprensiva hacia los trabajadores que habían adherido al peronismo no lograron quebrar la sólida y ya anquilosada estructura partidaria. Algo similar ocurrió en el Partido Comunista: hubo un período de acercamiento y simpática comprensión, por la vía de las organizaciones de trabajadores, que culminó con la expulsión de los dirigentes que la propiciaron. Los conservadores sufrieron el cimbronazo de una cantidad de dirigentes que se “pasaron”, pero finalmente se reconstituyó, en una línea de oposición frontal, fundada en la defensa de la legalidad republicana.
En el radicalismo el proceso fue más amplio. En 1947, en la Convención de Avellaneda, el Movimiento de Intransigencia y Renovación había formulado sus principios, que transformaban sustancialmente el programa radical, hasta entonces ambiguo e impreciso. El MIR sin renuncia a la defensa de la Constitución y de la República, combatió al peronismo desde una posición que se presentaba como más progresista, tanto en lo social como en lo nacional, y lo hizo con más soltura a medida que el régimen, por las exigencias del gobierno, fue abandonando sus posiciones iniciales más avanzadas. Mientras el grupo unionista optaba por el desafío frontal y especulaba con un golpe militar, los intransigentes discutieron en el Congreso cada uno de los proyectos gubernamentales, coincidieron a veces, y señalaron objeciones fundadas y atendibles en muchos casos. Se formó toda la dirigencia radical posperonista, pero no llegaron a constituirse en una verdadera oposición democrática.
UN CONFLICTO CULTURALEl régimen peronista no atacó ningún interés fundamental de las clases altas tradicionales. Las instituciones que expresaban los intereses corporativos de los propietarios no se opusieron públicamente al gobierno, e incluso aceptaron discretas cooptaciones. En el imaginario social ocupó un lugar importante el “nuevo rico”, que se mezcló con otros nuevos integrantes de una elite dirigente que era mucho más variada que la anterior a 1945: los sindicalistas ocuparon puestos visibles, junto con una nueva camada de políticos, deportistas o artistas. Las clases medias tradicionales tuvieron motivos de queja, quienes gozaban de rentas fijas, reducidas por la inflación, o quienes perdieron sus empleos estatales. Pero se nutrieron de nuevos y vigorosos contingentes llegados por las vías más tradicionales de la sociedad argentina: la prosperidad económica de los trabajadores, y la educación de sus hijos.
Las migraciones internas habían venido modificando profundamente la fisonomía de los sectores populares populares. La crisis de la agricultura pampeana operó tan fuertemente como la oferta de trabajo industrial fue la mera atracción de la vida en las ciudades. Durante los años finales de la década del treinta y el período de la guerra predominaron los migrantes de las zonas pampeanas más cercanas y luego se incorporaron los provenientes del Interior tradicional. Con ellos se expandieron los cinturones de las grandes ciudades donde se repitió una historia social ya conocida: el lote modesto, la casita precaria, construida por partes y el esfuerzo societario para urbanizar el lugar.
La novedad de esta historia, que prolongaba el secular proceso de expansión de la sociedad argentina fue la brusca incorporación de los sectores populares a ámbitos visibles, anteriormente vedados. Estimulados y protegidos por el Estado peronista, y apoyando una holgura económica novedosa (17 de octubre), los sectores populares se incorporaron al consumo, a la ciudad, a la política.
El reconocimiento de la existencia del pueblo trabajador y ejercicio de nuevos derechos estuvo asociado con la acción del Estado, y la justicia social fue una idea clave y constitutiva tanto del discurso del Estado como de la nueva identidad social que se constituía.
El Estado facilitó el acceso a bienes. Al fuerte estímulo de la educación se aseguró la protección y promoción de las diversas actividades culturales. El Estado distribuía, y el público recibía, junto con los bienes, una dosis masiva de propaganda.
El Estado facilitaba el acceso a la cultura erudita, pero sobre todo distribuía cultura “popular”, que incluía mucho de lo folclórico tradicional y mucho de comercial. Pero en conjunto, distribuía en el imaginario de la sociedad los modelos sociales y culturales establecidos. Distribuía también una cierta visión de la tradición nacional, manifiesta en la preocupación por develar el mítico ser nacional que debía unificar a la comunidad.
Lo más novedoso de estos años en materia de creación cultural fue el auge del teatro “independiente”, cultivado por artistas no profesionales, donde encontró terreno adecuado una renovada producción nacional que contrastó con la chatura repetitiva de los grandes teatros comerciales o estatales.
El peronismo derivó por parte en un fuerte enfrentamiento político, que separaba al oficialismo de la oposición, y por otra en un conflicto que, más que social, era cultural. El Estado había trabajado mucho para encuadrar los conflictos sociales en una concepción más general de la armonía de clases, la comunidad e intereses y la negociación, que él arbitraba, y a la vez había despasado el conflicto al campo del imaginario de la sociedad.
Fue un conflicto cultural, infinitamente más violento que el existente entre los intereses sociales básicos, el que opuso lo “oligárquico” con lo “popular”. No se apoyo en un modelo cultural diferente del establecido sino en un amanera diferente y más amplia de apropiarse de él, de participar de algo juzgado valioso y ajeno. En esa perspectiva, la oligarquía era quien pretendía restringir el acceso a esos bienes y excluir al pueblo. Se trataba de una definición precisa en cierto sentido pero socialmente muy difusa, y permitía combinar un violento ataque discursivo con escasa acciones concretas en contra de los supuestos destinatarios. Inversamente, desde la oposición, la resistencia a las prácticas políticas del peronismo se combinan con la irritación ante la forma peronista del proceso de democratización social.
CRISIS Y NUEVA POLÍTICA ECONÓMICALa coyuntura externa favorable en la que surgió el Estado peronista comenzó a invertirse hacia 1949: los precios de los cereales y las carnes se contrajeron, mientras que las reservas acumuladas, consumidas con poca previsión, se agotaron. La situación era grave, pues el desarrollo de la industria hacía al país dependiente de sus importaciones: combustibles, bienes intermedios como acero o papel, repuestos y maquinarias, cuya falta dificultaba el desenvolvimiento de la industria y provocaba inflación, paro y desocupación. Los primeros signos de la crisis llevaron en 1949 al reemplazo de Miranda por un equipo de economistas profesionales que iniciaron los ajustes
